El ejercicio notarial desempeña un papel fundamental en la sociedad, garantizando la autenticidad y legalidad de diversos actos jurídicos. Sin embargo, recientes hallazgos revelan prácticas que han generado preocupación en relación con el cobro de aranceles por parte de los notarios en Chile. Así se ha señalado en el “Estudio de Mercado sobre Notarios” de la Fiscalía Nacional Económica, que evidencian que numerosas notarías en el país han estado cobrando montos que exceden los límites fijados por la normativa vigente. Esto ha generado preocupación sobre la falta de respeto a las restricciones de precio máximo, lo que ha llevado a la necesidad de reformas legislativas.
La Corte de Puerto Montt recientemente acogió un recurso de protección contra el Notario y Conservador de Bienes Raíces de Quinchao y Curaco de Vélez, Bruno Casale Morrison, y la Notaria y Conservadora Suplente Claudia Velásquez Trujillo, por cobrar aranceles once veces superiores a lo estipulado por los Decretos Exentos del Ministerio de Justicia.
Cobro Excesivo y Lesión a Derechos Fundamentales: El recurso fue presentado por una compradora de un predio rural que, a pesar de las regulaciones establecidas en los Decretos Exentos N°587 y N°588 de 1998, fue sujeta a un cobro de $520.000 por escritura e inscripción, cuando la tarifa normativa ascendía a $45.300. La Corte sostuvo que este actuar lesiona los derechos fundamentales de la recurrente, especialmente el derecho de propiedad.
Decisión de la Corte y Devolución del Exceso: La Corte acogió el recurso de protección, fundamentando su decisión en los Decretos Exentos que regulan los aranceles notariales. Sostuvo que no existe una explicación razonable para el cobro excesivo, concluyendo que este actuar lesiona los derechos fundamentales de la recurrente. En consecuencia, ordenó a los notarios ajustar los derechos a la regulación arancelaria establecida y devolver el exceso en un plazo no superior a 30 días.
Conclusiones y Perspectivas Futuras: Este caso destaca la importancia de la regulación precisa de los aranceles notariales y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La decisión de la Corte de Puerto Montt establece un precedente claro respecto a la ilegalidad de cobros excesivos y destaca la obligación de los notarios de ajustarse a los límites establecidos por la normativa.