Durante el 2020, el Servicio Nacional del Consumidor registró 21 mil reclamos por cobranzas extrajudiciales abusivas en Chile. Respondiendo a esta problemática, el 21 de abril de 2021 se promulgó la Ley 21.230, una reforma a la Ley 19.494 que protege los derechos de los consumidores en temas de cobranza extrajudicial y otros aspectos. En este artículo, exploraremos en detalle qué implica esta nueva legislación y cuáles son sus efectos.
¿En qué consiste la nueva ley de cobranza extrajudicial?
La Ley 21.230 tiene como objetivo principal limitar las llamadas de cobranza telefónica abusiva por parte de las empresas, fortaleciendo los derechos de los consumidores. Conocida informalmente como la “ley de hostigamiento de cobranza”, esta legislación busca poner fin a prácticas invasivas y proteger la privacidad de los deudores.
Cantidad de contactos permitidos:
La normativa establece que las empresas y agencias de cobranza solo pueden realizar dos contactos a la semana, separados por al menos dos días. Esta limitación busca evitar el hostigamiento constante a los deudores y garantizar un trato más justo.
Regulación durante el Estado de Excepción:
Durante el estado de excepción constitucional, las llamadas o visitas de cobranza extrajudicial están restringidas a dos veces al mes y hasta 60 días después de la última prórroga del estado de excepción. Esta regulación especial busca adaptarse a circunstancias extraordinarias, como las derivadas de la pandemia.
Prohibición de imitaciones judiciales:
La nueva ley prohíbe la emisión de cualquier documento, mensaje o comunicación que aparente ser judicial. Solo se permiten notificaciones de demandas por receptores judiciales correspondientes, evitando prácticas engañosas.
Registro interno de acciones de cobranza:
Una novedad importante es la obligación de las empresas de mantener registros de las gestiones de cobranza por dos años. Esto facilita la supervisión y auditoría de las prácticas de cobranza, permitiendo un mayor control sobre posibles abusos.
Situación de demandados en procesos legales:
Si un cliente está involucrado en un juicio de cobro o ha iniciado un procedimiento concursal, las acciones de cobranza extrajudicial deben cesar de inmediato. Todas las actuaciones deben ser judiciales en este contexto.
Fiscalización y reclamos:
El SERNAC es la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de esta normativa y recibir reclamos de los consumidores. Los deudores pueden solicitar la suspensión de acciones de cobranza ante tribunales y, en caso de infracción, los tribunales pueden imponer multas de hasta 300 UTM.
Beneficios para las Empresas:
Esta legislación busca reducir los costos asociados a la cobranza, incentivando prácticas más efectivas y rentables para las empresas. La nueva ley representa una evolución necesaria hacia métodos de cobro más éticos y respetuosos.
Conclusiones:
La Ley 21.230 marca un hito en la regulación de la cobranza extrajudicial en Chile, protegiendo a los consumidores y fomentando prácticas más transparentes por parte de las empresas. Esta reforma refleja la creciente importancia de garantizar un equilibrio justo entre los derechos de los deudores y las necesidades de las compañías. Si tienes dudas o necesitas asesoramiento sobre este tema, no dudes en contactarnos.